El candidato a la dirigencia de Morena, Gibrán Ramírez Reyes, presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un JDC (Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano), en el que pide al Tribunal Electoral el aplazamiento de la Encuesta Abierta hasta que no se analice la viabilidad de los resultados de la denominada Encuesta de Reconocimiento, de manera técnica por expertos ajenos a las casas encuestadoras, contrastando el informe final con el documento metodológico.
La metodología con que se llevó a cabo la encuesta de reconocimiento careció de rigor y objetividad. Se caracterizó por opacidad y falta de apego a los términos con que se planteó originalmente, aseguró Ramírez Reyes.
Agregó que “las empresas encuestadoras no pudieron completar ni la mitad de las encuestas, lo que reduce la certeza de los resultados. El INE y las empresas encuestadoras actúan de mala fe al no proporcionar la información completa de cómo se llevó a cabo el ejercicio”.
El primer agravio presentado en el documento se refiere a la “violación a su derecho político de ser votado, debido a que los resultados presentados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de fecha 30 de septiembre trastocan el principio constitucional de certeza jurídica”.
Según el documento, el proceso de preparación, realización y calificación de los resultados de la encuesta de reconocimiento, no es verificable, confiable y auténtico.
En dicho documento se expresaron los temas que, en su conjunto, violentaron los principios de certeza y seguridad jurídica por no aportar un estándar de confiabilidad al cual debieron sujetarse los resultados de la Encuesta de Reconocimiento: metodología; falta de certeza en el marco muestral entrevistado; levantamiento y resultados (encuestas levantadas, como criterio comparativo de tendencia, irregularidad de simpatía, criterio de ponderación no previsto, inequidad por coeficientes diferenciados).
El segundo agravio fue presentado por “la violación a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, transparencia y acceso a la información pública y máxima publicidad, por transgredir su derecho político electoral de votar y ser votado en el proceso interno de Morena”.
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