No se vive en México una dinámica política que implique la lucha de clases, sino todo lo contrario: la política es hoy una pugna de identidades, ruido lejano del arreglo económico real del país. Los grandes empresarios nacionales, más allá de lo que suele decirse, decidieron no emprender confrontaciones con el gobierno, aún en las políticas y reformas que habrían podido afectar sus intereses, como en el cobro de adeudos de impuestos, la renegociación de los contratos de gasoductos, la reforma en materia de pensiones, la de tercerización laboral (outsourcing) y últimamente la reforma eléctrica. En cada caso —falta ver qué sucede con la eléctrica— el sector privado optó por otra estrategia y logró torear con éxito al gobierno de la República y mantener sus intereses fundamentales intocados —cuando no beneficiados. El cambio en el sistema pensionario, por ejemplo, es mínimo y respeta al sector financiero del país aún en detrimento de los trabajadores y del gobierno, en el que recaerá el grueso de las aportaciones. La reforma de tercerización laboral eludió el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores y abrió un boquete para perpetuar la precarización mediante la figura de trabajadores “especializados”.
Desde inicios del sexenio, el puñado más grande del empresariado mexicano decidió contener la inversión para castigar el crecimiento, argumentando también que se vivía incertidumbre política, un factor que no advirtieron los inversionistas extranjeros que incrementaron su apuesta respecto a los dos sexenios anteriores (la inversión extranjera directa incrementó 9.4 por ciento respecto al mismo período del sexenio anterior y 80 por ciento respecto al antepasado). Sin embargo, en contraprestación al buen trato del gobierno, se ofreció abrir la llave a grandes inversiones en paquetes de proyectos de infraestructura. En 2019 se ofreció una inversión por 800 mil millones; en 2020, por 228 mil millones; en 2021 se prometió sin que se especificara monto; en 2022, el pasado 5 de enero, se dijo que antes de que terminara el mes se anunciaría un nuevo paquete, sin anunciar el monto. De los paquetes anteriores se ha dicho que dichas inversiones ya han arrancado, al mismo tiempo que se reclama que se construyan condiciones para echarlas a andar plenamente. La inversión privada, sin embargo, ha disminuido durante estos años. Las “malas señales”, una evaluación más política que económica, más presente en inversionistas nacionales que extranjeros, permite seguir diciendo siempre que sí, sin decir nunca cuándo.
El torero, estratego y operador ante el actual gobierno tiene por nombre Carlos Salazar Lomelín y está por terminar no solo triunfante, sino invicto, su período al frente del Consejo Coordinador Empresarial. Con modos suaves y dialogantes, eficaz para comunicar, persuasivo y minucioso, Salazar protegió los intereses de la cúspide de la clase social a la que pertenece y lo logró sin arrugarse el saco. Estaba, quizá, preparado para una tormenta, y le tocó navegar en la llovizna. Por una parte, los suyos —los empresarios más grandes— le deben un aplauso. Por la otra, las descobijadas empresas medianas y pequeñas deberán, acaso, buscar otras formas de representación y participación política.