Este tercer año del gobierno de López Obrador ha sido el elegido para hacer un corte de caja y rectificar aquello que parece no ir bien. Tomando en cuenta los ajustes en áreas sensibles del gabinete y otras decisiones de política pública igualmente relevantes, pero menos estruendosas, podríamos asistir a un relanzamiento del gobierno rumbo al primero de septiembre. En materia de política social, por ahora, parece haber dos enormes golpes de timón. El primero es la discreta adopción del IMSS como pilar fundamental de lo que se intenta que sea el nuevo sistema de salud, lo que implicaría el reconocimiento de que el diseño del Instituto de Salud para el Bienestar no ha sido funcional.
En el marco de la inauguración del hospital IMSS-Bienestar de San Quintín en Baja California, el Presidente dio la noticia de que todos los hospitales que se terminaron durante la pandemia, así como los que se equiparon y fueron dotados de personal durante la pandemia, pertenecerán al IMSS-Bienestar, con una experiencia de más de 40 años en atención a población sin aseguramiento de contribución directa. Así era el plan original, como reconoció el Presidente mismo, pero la oposición de Carlos Urzúa, el neoliberal que era entonces secretario de Hacienda, y una parte de la Secretaría de Salud, impidieron que se realizara como se tenía pensado y delineado por el entonces director, Germán Martínez, pues pesaron más los argumentos ideológicos que señalaban que el sindicato del IMSS pudriría el esfuerzo y devoraría el presupuesto.
Pese a sus defectos, López Obrador reconoció al IMSS la institucionalización de procedimientos y mecanismos que se han consolidado a lo largo del tiempo en mucho mejores condiciones que en la Secretaría de Salud federal o en las estatales, ambas —esas sí— podridas por la corrupción y que pasarían a joder al seguro popular que operaron en conjunto. El Presidente volvió a utilizar la comparación que hizo en ocasión de la inauguración de las oficinas del IMSS en Morelia. Allí dijo que era preciso, para que la Guardia Nacional se consolidara, que creciera al amparo de instituciones consolidadas como el Ejército o la Marina y, del mismo modo, que para que se consolidara el acceso a la salud esto tendría que hacerse mediante el IMSS-Bienestar, otra institución probada. Entre el planteamiento original y la vuelta al origen han pasado valiosos años, pero de ninguna manera ha sido tiempo perdido, pues los avances del Insabi pueden incorporarse al IMSS-Bienestar con tiento y algunas reformas que se propusieron en el inicio de este gobierno.
El segundo viraje está por suceder y es el replanteamiento de la red territorial que se hace cargo de la política social. Ha comenzado a hablarse de ello a raíz de la llegada de Carlos Torres al mando de los Programas de Bienestar y de información que por ello mismo ha comenzado a divulgarse. A causa de la pandemia, por ejemplo, se ensayó que el IMSS se hiciera cargo de los microcréditos solidarios para las pequeñas empresas que no corrieron trabajadores. Parece un camino que podría seguir explorándose. El IMSS no tiene experiencia solamente en asuntos de salud, sino en una de las visiones más amplias del bienestar que se han experimentado en México y bien podría servir de base para reencauzar aquello que se ha salido de cauce.