Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III; así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La desaparición de defensores y defensoras de derechos humanos es un grave problema que ha escalado en México en los últimos años. El país se ha posicionado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer la defensa de derechos humanos, especialmente para aquellos que protegen los intereses de comunidades marginadas, indígenas y territorios que suscitan intereses económicos de gran calado. Defensores como Sandra Domínguez, que luchan por causas relacionadas con la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia social, enfrentan un riesgo constante debido a la negligencia y a las amenazas provenientes de actores con poder político y económico.
Este fenómeno no es aislado, sino parte de un patrón más amplio de criminalización y violencia contra activistas que desafían el status quo y los intereses de grandes corporaciones o grupos políticos locales. Las desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos son facilitadas por la falta de mecanismos de protección efectivos y la impunidad que rodea estos crímenes. En este contexto, la desaparición de Sandra Domínguez representa no solo una tragedia personal y familiar, sino un reflejo de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Desde una perspectiva legislativa, esta situación implica varios problemas que deben atenderse:
• Protección a los Defensores de Derechos Humanos: México cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, este no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de personas como Sandra Domínguez. La falta de respuesta rápida y la ausencia de medidas preventivas efectivas resaltan la debilidad institucional en la protección de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Es necesario revisar y fortalecer este mecanismo legislativamente para garantizar su efectividad.
• Acceso a la Justicia y Derechos Humanos: La desaparición de defensores de derechos humanos está directamente ligada a la falta de acceso a la justicia. La impunidad prevalece en los crímenes contra defensores, debido a la inacción o colusión de las autoridades locales y federales. Sandra Domínguez denunció públicamente a funcionarios del estado de Oaxaca involucrados en delitos sexuales, lo que hace crucial que la investigación de su desaparición se enfoque en estos actores como sospechosos o indiciados, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
• Derechos de los Pueblos Indígenas y Territorios amenazados por intereses económicos: Sandra trabajaba en la defensa de los derechos de comunidades indígenas en Oaxaca, lo que la convertía en un blanco para grupos con intereses económicos en el despojo de tierras. La criminalización de defensores del territorio es una de las problemáticas que requieren un marco normativo más sólido para proteger a quienes luchan por los derechos de los pueblos indígenas y contra la explotación de recursos naturales.
La situación nacional que circunstancia esta proposición incluye los siguientes elementos:
• Incremento en la Violencia Contra Defensores de Derechos Humanos: México se encuentra entre los países con mayor número de ataques a defensores de derechos humanos. Según un informe de la ONU y la CNDH, entre 2012 y 2022 se registraron más de 500 agresiones y asesinatos de defensores en México. Estos crímenes, en su mayoría, permanecen impunes, lo que perpetúa la violencia y desincentiva la labor de quienes defienden causas sociales, ambientales y de derechos humanos.
• Casos de Impunidad en Oaxaca: Oaxaca ha sido un estado con un historial preocupante de impunidad en casos de desapariciones y asesinatos de activistas. La organización Consorcio Oaxaca ha señalado que las autoridades locales suelen ser cómplices de la violencia contra activistas debido a su relación con grupos de poder locales, lo que impide investigaciones transparentes y efectivas.
• Sandra Domínguez como Ejemplo de la Vulnerabilidad de los Defensores: Sandra denunció actos de violencia sexual y corrupción por parte de funcionarios en Oaxaca, lo que la convirtió en un objetivo de ataques y amenazas constantes. Su desaparición, en el contexto de estas denuncias, refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en el país. Este tipo de crímenes debe investigarse con celeridad y bajo un enfoque de derechos humanos, en lugar de minimizar o ignorar las denuncias de los propios defensores.
Los antecedentes que motivan la presente proposición muestran que la desaparición de Sandra Domínguez no es un hecho aislado, sino parte de un largo proceso de amenazas, denuncias y actos de hostigamiento que se remontan al año 2020. A continuación, se presentan los eventos clave en relación con su labor como defensora de derechos humanos y las amenazas que enfrentó, hasta llegar a su desaparición en 2024.
En 2020 , la activista y abogada Sandra Domínguez denunció públicamente la existencia de un grupo de WhatsApp conocido como “Sierra XXX” , que incluía a altos funcionarios y políticos locales de Oaxaca. Este grupo estaba implicado en el intercambio de imágenes íntimas y videos sexuales de mujeres indígenas, principalmente de la región Ayuuk, sin su consentimiento. Las víctimas de estos actos de violencia digital eran mujeres en situaciones de vulnerabilidad y el uso de estas imágenes no solo violaba su privacidad, sino que también reforzaba la violencia de género estructural en una región marcada por altos niveles de marginación y discriminación.
Entre los participantes en este grupo, Sandra Domínguez identificó a Donato Vargas Jiménez , un funcionario que, en ese momento, ocupaba el cargo de coordinador de Delegados de Paz Social en el gobierno estatal de Oaxaca. Vargas era señalado no solo por su participación en el chat, sino también por su influencia política en la región, lo que obstaculizó las denuncias y bloqueó cualquier posible investigación seria contra los involucrados. Aunque Vargas ofreció disculpas públicas en su momento, Domínguez siguió adelante con sus denuncias, acusando a las autoridades de proteger a los perpetradores debido a su posición de poder
Tras hacer pública esta denuncia, Sandra Domínguez empezó a recibir amenazas de muerte y actos de intimidación tanto en persona como a través de medios electrónicos. Las amenazas parecían provenir de grupos que se beneficiaban de la situación de corrupción y violencia en Oaxaca, especialmente aquellos vinculados al control territorial y la explotación de recursos naturales en zonas indígenas.
Aunque Sandra Domínguez, a lo largo de 2021, siguió recibiendo amenazas derivadas de sus denuncias, no se tomaron medidas efectivas para garantizar su seguridad. Pese a las pruebas presentadas, los funcionarios implicados no fueron sancionados, y la abogada criticó públicamente la impunidad en estos casos. La falta de acción por parte de las autoridades estatales y federales incrementó su vulnerabilidad.
Además, las denuncias de Sandra Domínguez no se limitaron solo a la existencia de este chat. A lo largo de 2020 y 2021 , ella reveló más información sobre otros casos de corrupción y violaciones a derechos humanos relacionados con funcionarios locales, incluyendo la participación de estos en el despojo de tierras en comunidades indígenas. Según los informes, algunos de los funcionarios involucrados en el chat también estaban relacionados con la facilitación de proyectos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas sin el consentimiento adecuado de las comunidades afectadas.
Estas denuncias colocaron a Sandra en una situación de riesgo, ya que se enfrentaba a figuras con poder político y económico que tenían influencia tanto en el gobierno local como en sectores empresariales. Las amenazas en su contra se incrementaron, y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales y federales agravó su vulnerabilidad. A pesar de las evidencias presentadas por Domínguez, Donato Vargas y otros implicados no enfrentaron consecuencias legales significativas , lo que refuerza la percepción de impunidad que prevalece en casos de violencia de género y corrupción en Oaxaca.
Sandra continuó su labor como abogada defensora, trabajando estrechamente con comunidades indígenas en Oaxaca que enfrentaban despojos de tierras a manos de actores privados y corporativos con intereses en la minería y otros recursos naturales. Su trabajo provocó más tensiones, ya que desafió directamente a grupos poderosos con influencia tanto en la política local como en el crimen organizado. Este fue un año particularmente difícil para Sandra, pues las amenazas aumentaron y se intensificaron los actos de vigilancia y seguimiento en su contra.
En 2023 , Sandra volvió a denunciar la participación de funcionarios en otro chat llamado “Mega Peda”, donde nuevamente se intercambiaban imágenes sexuales de mujeres. A pesar de las evidencias, las autoridades no actuaron contra los responsables, y el hostigamiento contra ella continuó. Sandra exigió la renuncia de Donato Vargas en un video público, acusando al gobierno estatal de no actuar ante las denuncias de las mujeres afectadas, video que debe de relacionarse directamente con las líneas de investigación acerca de la desaparición de Sandra.
El 2023 fue un año de mucha visibilidad para Sandra, ya que participó en foros nacionales e internacionales denunciando la situación de los defensores de derechos humanos en Oaxaca. En múltiples ocasiones señaló la inacción de las autoridades estatales y federales en la protección de las personas defensoras. A pesar de su creciente presencia pública, las medidas de protección seguían siendo mínimas. Al final de este año, Sandra había solicitado formalmente, por tercera vez, que se reforzaran las medidas de seguridad para ella y su equipo, sin recibir una respuesta efectiva. Sandra y su esposo, Alexander Hernández, desaparecieron el pasado 4 de Octubre del año en curso , en la carretera María Lombardo-Veracruz, en los límites de Oaxaca y Veracruz. Las autoridades encontraron su vehículo abandonado, pero no rastros de la pareja. La desaparición desató una ola de indignación entre organizaciones de derechos humanos y activistas, quienes exigieron la aparición con vida de Sandra.
Las estadísticas que nos muestran los datos duros sobre los asesinatos y las desapariciones de defensores en derechos humanos en México no mienten y por eso es menester presentarlas como parte de la motivación de la presente proposición. En cuanto al número de defensores de derechos humanos asesinados , entre 2012 y 2022 , más de 450 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas en México, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2022 fue particularmente grave, con 58 defensores de derechos humanos asesinados , colocándose como uno de los años más violentos para los activistas en México.15 En cuanto a las desapariciones de defensores de derechos humanos y de acuerdo con un informe de la organización artículo 19 , desde el año 2000 hasta 2021 , 30 defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada en México.
En un reporte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) , se documentó que entre 2018 y 2023 , más de 15 activistas y defensores fueron reportados como desaparecidos. México ha sido clasificado constantemente entre los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos. Un reporte de Global Witness publicado en 2023 señaló que México es el segundo país con mayor número de asesinatos de defensores , solo después de Colombia, con 54 activistas asesinados en 2022.18 Según el informe de Front Line Defenders , más del 95 por ciento de los crímenes contra defensores de derechos humanos en México permanecen impunes , lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los activistas.
Estos datos reflejan la crisis sistémica que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, en un contexto de violencia e impunidad que afecta a quienes trabajan en la protección de los derechos fundamentales y la defensa del territorio, especialmente en áreas rurales e indígenas. En artículos recientes, Desinformémonos ha señalado que la actuación de las autoridades oaxaqueñas en la investigación de la desaparición de defensores de derechos humanos ha sido marcada por la revictimización y criminalización de las personas desaparecidas. En el caso de Sandra Domínguez, han denunciado la falta de celeridad en las acciones de búsqueda y la omisión de las autoridades en investigar adecuadamente a los funcionarios que ella denunció. Las organizaciones civiles han criticado la falta de protección efectiva para defensores, evidenciando que las medidas preventivas son mínimas, lo que incrementa el riesgo de represalias.
La organización Consorcio Oaxaca ha señalado que la impunidad y la falta de coordinación entre las autoridades locales y federales han sido elementos recurrentes en los casos de desaparición en Oaxaca. Critican la falta de transparencia en los informes oficiales y la colusión de las autoridades con grupos de poder locales, lo que dificulta las investigaciones. Además, Consorcio Oaxaca ha denunciado que, en el caso de Sandra Domínguez, las autoridades locales no han actuado con la debida diligencia, lo que ha agravado la situación.21 Según Animal Político , las instituciones oaxaqueñas han sido acusadas de omisión y negligencia en los casos de desaparición de activistas y defensores de derechos humanos. En el caso de Sandra Domínguez, se ha documentado que las primeras horas tras su desaparición no se activaron los protocolos necesarios de búsqueda inmediata, y el seguimiento de la investigación ha sido lento y poco transparente. Las autoridades han sido señaladas por su falta de colaboración con organizaciones de derechos humanos que han intentado apoyar en la localización de Sandra.
En un artículo publicado por Proceso , se detalla que la Fiscalía del estado de Oaxaca ha sido negligente y que a ello se debe su falta de avance en la investigación de Sandra Domínguez. Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. Se menciona que, a pesar de las denuncias públicas realizadas por la activista contra funcionarios locales, las líneas de investigación no han avanzado y los actores señalados siguen en sus cargos. Además, el gobierno estatal ha sido omiso en implementar medidas de protección a otros activistas que también han sido amenazados. Asimismo, el secretario de gobierno del estado de Oaxaca, Jesús Romero López, ha sido señalado por revictimizar a Sandra Domínguez y a su esposo Alexander Hernández vinculándolos con grupos criminales, dejando entrever la fracturada atención hacia el caso sin respeto a los derechos humanos y contexto del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República (FGR) y, en particular, a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, para que atraigan e intensifiquen las investigaciones relacionadas con la desaparición de Sandra Estefana Domínguez Martínez, tomando en cuenta su labor como defensora de derechos humanos, y que se garantice una investigación exhaustiva, imparcial y eficiente, con el objetivo de lograr su localización con vida. }
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que emita una recomendación dirigida a las autoridades competentes sobre la desaparición de Sandra Domínguez y se brinde el debido acompañamiento a su familia en el acceso a la justicia y la verdad.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que fortalezcan las medidas de protección para los defensores de derechos humanos en Oaxaca y en todo el país, y se implementen acciones preventivas que protejan a quienes, como Sandra Domínguez, están en riesgo por su labor.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Oaxaca, para que colabore con las autoridades federales en las labores de búsqueda de Sandra Domínguez, y que se haga pública, transparente y periódica la información sobre los avances en la investigación de su desaparición. Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al secretario de gobierno del estado de Oaxaca, Jesús Romero López, para que cese la revictimización de Alexander Hernández, la pareja de Sandra Domínguez y también víctima de desaparición, mediante declaraciones que lo criminalizan junto con ella, pues esto sesga las investigaciones y contraviene los principios rectores, protocolos y recomendaciones del Comité contra Desaparición Forzada de la ONU.
Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Oaxaca y a la Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades federales, para que intensifiquen en coordinación, las labores de búsqueda de Sandra Domínguez. Séptimo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Congreso del estado de Oaxaca para que, en su labor legislativa y de supervisión, mantenga un seguimiento riguroso sobre la actuación de las autoridades estatales en este caso y trabaje en fortalecer la legislación local en materia de protección a defensores de derechos humanos.