Más que de ganar las gubernaturas y los ayuntamientos en disputa, la batalla política fundamental de los próximos meses es por la mayoría en la Cámara de diputadas y diputados. Gobernadores y presidentes municipales dependen de incentivos muy diversos para colaborar con el presidente en turno, y a veces colaboran poco, aunque sean del mismo partido —más en estos tiempos, donde la Segob no es ya la que era, donde la disciplina política ha perdido terreno a favor de la libertad— o viceversa.
Es distinto el caso de los legisladores federales, que sí actúan con una lógica de línea partidista más o menos estable de principio a fin de las legislaturas y, además, es ahí donde podría orquestarse un bloqueo al principal instrumento de gobierno, que es el Presupuesto de Egresos de la Federación. Como las elecciones a diputados federales significan poco por sí mismas para el pueblo y concitan menor interés o entusiasmo, su votación suele descansar sobre las figuras más visibles e inmediatas para los ciudadanos de los presidentes municipales y gobernadores. En ese sentido, para el orden federal, para la disputa nacional, los nombres de candidatas y candidatos a gobernadores y presidentes municipales se convierten apenas en un pretexto electoral para la disputa de los 300 distritos electorales federales. La oposición lo tiene claro y dirige a ese objetivo sus energías.
Morena lo tiene claro también, y a eso responde el grado de pragmatismo con el que la dirigencia ha actuado en la selección de ciertos candidatos a gobernadores y que, aunque sea polémico, puede considerarse como correcto si se le estima en esa dimensión estratégica. Pero el pragmatismo debería tener por lo menos dos límites: uno humanitario y uno político. El humanitario implica recordar en todo momento que, aunque sean un objetivo secundario, las presidencias municipales y gubernaturas influyen en la vida de millones de personas. El político implica asegurarse de no estar sumando, más que nuevos aliados, semillas de traición futura, como le pasó a Lula. Así, es buena la suma de Mónica Rangel, quien sin ser militante partidista proviene de un gobierno priista y que comparte con Morena la mística del trabajo territorial que ha realizado como médica. En esa lógica es también una excelente noticia la suma de Clara Luz Flores, que no solo renunció al PRI antes de tener nada seguro en Morena, sino que ha emprendido políticas de prevención del delito con inclusión y justicia social. Pero inadmisibles, más allá de límites razonables, son otras sumas que se han realizado de menor visibilidad pero que, de volverse uso común, podrían profundizar la degradación de la vida de pueblos sin asegurar ningún cambio en la representación política. Es el caso de Jessica Cabal y Antonio Magdaleno en Guanajuato, representantes de un panismo simbiótico con el crimen organizado —o sea, del mal gobierno— que no encontraron ahí, a la última hora, las candidaturas que creían merecer. Es el caso, también, de Xavier Nava, un opositor muy vocal en su convicción contra la Cuarta Transformación que hoy se viste de guinda. ¿Cuántos serán en todo el territorio?