La segunda línea tendencia que, si perdura, contribuirá a consolidar la transformación, es la idea de bienestar y su primera concreción en la red de seguridad social que forman las transferencias directas establecidas en este gobierno y aprobadas para que estén en el artículo 4º de la Constitución.
Se trata de dinero en efectivo que se dispersa periódicamente a todos los adultos mayores, personas con discapacidades permanentes y a estudiantes de escasos recursos. Para asegurar que se trate de una política de Estado y no solo de una política de gobierno, se ha reformado el artículo cuarto constitucional, de manera que dichas transferencias han quedado establecidas como derechos, no como dádivas y esa misma lógica (de derechos) tiende a hacerlas irreversibles. No dependen ni dependerán del partido en el gobierno, y retirarlas será muy difícil para cualquier gobernante, si la gente asume su defensa como el ejercicio de un derecho. Como en todo, su administración presenta varios pendientes, pero tenemos ahora el grueso de una nueva política social.
Las principales características de estas transferencias son 1) su enfoque universal, que rompe con la tradición de políticas focalizadas y orientadas a modificar el comportamiento de los pobres y 2) su instrumentación sin intermediarios, a través de tarjetas bancarias que, conforme avance el gobierno, irán incrementando junto con la bancarización de la población mexicana mediante el Banco del Bienestar. Las transferencias, además, condicionarán la estructura del gasto federal para el futuro, no teniendo otro destino posible que el incremento progresivo si se atiende a la Constitución.
El pendiente, con el que tendrían que vérselas los eventuales gobiernos de la cuarta transformación (no ahora quizá, porque política es tiempo, y este tiempo es el de cobrar lo que de por sí tiene que pagarse en impuestos y reconstruir la autoridad moral del estado), es el del bienestar mediante servicios públicos y, por ende, la reforma fiscal. Su falta en este sexenio, por lo menos en su primera parte, augura que la construcción del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar no será tan rápida, que la universalización del acceso a la salud quizá llevará más tiempo, que la homologación de los sistemas de salud hasta ahora fragmentados tendrá que replantearse, porque un proyecto perdurable dependerá de dicha reforma ineludible. La forma actual de proceder con el INSABI, además de enfrentar la resistencia de muchos gobernadores, ha reproducido vicios del anterior sistema. La política de transferencias, en cambio, ha sido un acierto y por eso han surgido tantas quejas de la derecha, que opina que no se vale hacer buen gobierno porque eso deja dispareja la cancha electoral.