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El Estado y el asesinato de periodistas

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Armando Linares, periodista recientemente asesinado, había señalado directamente al alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, del PRI, de amenazarlo sobre atentar contra su vida y la de Roberto Toledo; por el asesinato de Heber López, en Salina Cruz, se detuvo al hermano de una ex agente municipal emanada de Morena; Lourdes Maldonado denunció a Jaime Bonilla —ex gobernador de Baja California— ante el Presidente de la República y fue asesinada un día antes de que se tuviera que requisar una empresa que era propiedad de él.

Hay una constante en estos asesinatos y es que, en cada caso, los periodistas asesinados han pedido explícitamente ser cuidados de las lindes del estado, en los ámbitos estatal o municipal. Y, en efecto, es el estado: hay dirigentes que hacen candidatos a operadores delincuenciales, gobiernos que se hacen de la vista gorda, policías cooptadas, fiscalías criminales. El Estado no está hace rato ordenado y regido de arriba hacia abajo, desde el poder Ejecutivo Federal. Por eso, al decir que es el estado, no se culpa al Presidente de la República, sino a quienes viviendo entre la legalidad y la ilegalidad, sirviendo a la economía criminal desde la función pública, estiman que conservar cierta respetabilidad, cierta fama pública de decencia, bien vale unos balazos —a diferencia de los criminales que abrazan la épica o el sistema de reconocimiento de la ilegalidad y el crimen organizado y que, por su posición, no quieren ni necesitan fama de decentes.

Decir que no fue el Estado limita, desde la tribuna presidencial que muchos asumen como fuente de instrucciones, las líneas de investigación, pero además da pie a un mal entendimiento del estado mexicano de hoy, que es quizá una de las causas de su impotencia. Fue el estado, pero un estado que ya no tiene el control de los aparatos que tuvo en los 70, que no puede gobernar gobernadores, presidentes municipales, agentes de la violencia privatizada ni a una economía informal e ilegal en que la desigualdad fundamental se da entre quien puede procurarse las armas y dinero para preservar la vida en un mar de extorsiones y quien no puede.

El Presidente diciendo que no fue el Estado es la imagen viva de un estado extrañado de sí mismo, como llama Claudio Lomnitz al hecho de que lo ordinario se viva como algo raro, extraño y asustador. Lo normal, desde 2006, es el crecimiento de grupos que ejercen la violencia de modo privado y se relacionan con quienes, dentro del estado, tienen armas y recursos para concretar y proteger sus actividades, lo que deriva en redes de colusión que se sienten seguras bajo la frase de “no fue el Estado”, como la fiscalía de Michoacán, herencia de Silvano Aureoles —una de tantas fiscalías corruptas, criminales, controlada políticamente por el ex gobernador que pretendió, al gestionar el nombramiento, asegurarse una protección transexenal. Se ha dicho también que Armando Linares no aceptó la protección federal. Más que exculpar al estado esto debería cuestionar la estrategia de protección ¿no es más bien sobre los agentes del estado que suelen perpetrar asesinatos que debería posarse el ojo? Si tuviera que establecerse protección sobre cada víctima potencial, ninguna policía sería suficiente.