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La reforma de la salud mental

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Entre las cosas que se han hecho bien en este gobierno destaca el trabajo en el área de salud mental. La salud mental en México estaba, antes de este gobierno, patrimonializada, desordenada, desarticulada y prácticamente abandonada, salvo por algunos hospitales especializados en los que se concentraba el presupuesto. La interlocución entre gobierno, sociedad civil y comunidad sanitaria de la salud mental estaba también rota o era, por lo menos, lejana y basada en la desconfianza.

La idea que articuló el sistema vino de una buena intención surgida en la alternancia partidista: cambiar el modelo asilar de atención a la salud mental que tenía, de por sí, una escasa cobertura y no facilitaba la integración a la sociedad de quienes presentaban cuadros clínicos complicados, sino todo lo contrario. El Modelo Miguel Hidalgo emergió en 2002, supuestamente inspirado en la reforma psiquiátrica de Italia y España, con un discurso progresista que hacía hincapié en la atención comunitaria y la inserción social, pero su puesta en marcha fue desastrosa y arrojó, en consecuencia, resultados muy diferentes. A la cabeza de los servicios psiquiátricos se instaló, entre otros y casi por dos décadas, Virginia González Torres, cuya salida del Consejo Nacional de Salud Mental festejó la Asociación Psiquiátrica Mexicana. El instrumento para la reinserción comunitaria de personas con padecimientos eran las llamadas villas de transición, que terminaron por reproducir las viejas prácticas asilares, pero que se mantuvieron así porque dieron a un grupo una clientela política cautiva que llegó a movilizarse sin pudor. Hubo, además, escándalos de corrupción, y cada vez más protestas de médicos y pacientes en el sistema.

Un equipo transdisciplinario comandado por Juan Manuel Quijada —el director general de Servicios Psiquiátricos del país— ha iniciado un viraje radical, un cambio generacional que ha privilegiado que psiquiatras, psicólogos y especialistas en salud pública comiencen un nuevo modelo y se alejen del fincado en 2002 y que nunca logró consolidarse en buenas prácticas o resultados. La estrategia para sembrar un verdadero sistema nacional de salud mental ha sido audaz. Se trata, en principio, de capacitar a las comunidades sanitarias y de que personal de enfermería y médicos generales puedan identificar padecimientos, canalizar y, en su caso, prescribir psicofármacos o acercar a la gente a otras formas de gestionar —siempre con respaldo científico— la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias, la psicosis, o cualquier otra condición de salud mental que les genere problemas. El cambio se dice pronto y fácil, pero es esperanzador para los millones de mexicanos con condiciones de salud mental sin acceso a servicios psiquiátricos (hay solo cerca de 4 mil 500 psiquiatras y la mayoría se concentra en las colonias privilegiadas de las grandes ciudades) y sin elementos para el autocuidado. Hasta hoy, con el modelo del equipo de Quijada, se han capacitado 3 mil 500 trabajadores sanitarios para identificar condiciones de salud mental y tratar los casos leves y moderados. El próximo año, ese número puede multiplicarse por 10. El esfuerzo sigue siendo pequeño frente al reto, pero ha iniciado el camino para ir cerrando la brecha social que hay en la atención a la salud mental