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Desmovilizar

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Más allá del ejercicio de gobierno, la estrategia política de partidos y actores se definirá el año siguiente por el ciclo electoral 2021-2022, que renovará las gubernaturas de los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas y Durango, pero también por el referéndum de revocación de mandato. Por lo menos, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas pueden ser de pronóstico reservado si la alianza PRI-PAN se mantiene y logra alinear más poderes fácticos que los que Morena atrae por ser ahora el principal partido político.

Los partidos y los poderes locales constituidos, como siempre, se abocarán a la movilización para conseguir el poder constitucional. La oposición ha entendido que la única forma que tiene de no perder una batalla contra el presidente López Obrador es no pelearla, de modo que tenderá a no entrar en disputas que no impliquen poder real. Así lo hizo en la consulta del primer día de agosto, cuando prefirió llamar a no presentarse a votar. No fue demócrata de su parte, pero resultó para ellos suficientemente efectivo.

La revocación de mandato plantea problemas adicionales. El primero de ellos es el diseño del instrumento, que es necesariamente negativo. En regímenes parlamentarios existe algo similar, pero en diferentes versiones. Hay mociones de confianza, cuando el titular del poder ejecutivo quiere renovar su legitimidad, y mociones de censura, cuando la oposición quiere deponer a un mandatario. En México este matiz no existe, de modo que solo puede llamarse a la revocación de mandato según el artículo 35 de la Constitución, que establece que el procedimiento será convocado por el INE a petición ciudadana, tendrá validez si participa 40 por ciento de la lista nominal de electores y, entre éstos, triunfa por mayoría absoluta la propuesta de revocar. Al no haber un mecanismo de ratificación de confianza, la consulta es necesariamente sobre si ésta se revoca y se quiere que el presidente se vaya. (Llama la atención, por eso, la bochornosa ignorancia de comentaristas como Federico Arreola que, al margen de cualquier consideración de derecho constitucional, ve en la iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato propuesta por Ricardo Monreal mala intención o incluso traición pues, había, según él, “un millón de maneras de elaborar tal proyecto legislativo”). De tal manera, si se replica la estrategia de la oposición de no atender las batallas convocadas por AMLO, no habrá referéndum y, por tanto, no existirá la renovación de la legitimidad que busca. No los habrá, por supuesto, a menos de que en un lance tan complejo como peligroso, los simpatizantes de López Obrador llamemos a revocar su mandato pidiendo firmas en los formatos que el INE disponga para tal efecto.

Como la consulta, la figura de revocación de mandato tiene limitaciones en cuanto a las posibilidades de los partidos para emplear su financiamiento público en promover el proceso electoral. Como la consulta, la gestión del proceso de revocación de mandato depende de las provisiones que el INE quiera tomar según el presupuesto que presente. Como en la consulta, su sabotaje más que la batalla entre bloques históricos ocupará el horizonte de la oposición. Ante un gobierno demócrata fuerte, los poderes prefieren la desmovilización.