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El Presidente, sus candidatos y los delegados

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En 2021 se elegirán 15 gobernadores, piezas clave para la reconfiguración del mapa político de México y del devenir del cambio de régimen que acontece. Estas semanas se está definiendo buena parte de las candidaturas por parte de Morena, y parece suceder por decisión presidencial. Si la selección es correcta, eso quiere decir que se está eligiendo a quienes ocuparán la titularidad de los ejecutivos estatales. Es bastante probable: López Obrador, además de contar tradicionalmente con equipos confiables de encuestadores, tiene pulso para el triunfo, aun si a veces sus candidatos se alejan de él o lo traicionan después de ganar, como sucedió con Juan Sabines, Miguel Ángel Mancera, Arturo Núñez y tantos otros que en su tiempo apoyó.

Tatiana Clouthier reveló esta semana que habló recientemente con el Presidente, quien le habría sugerido que su espacio natural será en el gabinete federal (“en el esquema nacional”, le dijo Clouthier a Ricardo Raphael). Esto abre la puerta a que sea Clara Luz Flores, de origen priista y con números ganadores en todas las encuestas, la abanderada de Morena y del Presidente —salvo que suceda alguna sorpresa—, lo que daría cuenta de que no está dispuesto a perder nada. Santiago Nieto ha hecho evidente también estos días que AMLO le pidió que no se presentara como precandidato a gobernador de Querétaro, sino que privilegiara su labor contra el crimen organizado y la corrupción.

Desde luego que el cálculo no es la prioridad que represente su labor para la República, pues de lo contrario AMLO no habría permitido que Durazo, el secretario del ramo más complicado, se retirara de su responsabilidad para buscar la gubernatura de Sonora. El cálculo debe ser electoral, además de que probablemente AMLO no cuenta con un relevo para Nieto de la talla de Rosa Icela Rodríguez, que reemplazará a Durazo.

Nadie debe asustarse de que el Presidente haga un poco de política (está bien que cuide lo esencial, una vez que decidió no poner orden en Morena), pero sus consideraciones deberían incluir que lo que hoy puede ser una solución coyuntural mañana se volverá una regla o costumbre. Y en todo este procesamiento hay solo un elemento que causa ruido: las y los coordinadores de los programas integrales de bienestar en los estados, de los cuales han renunciado nueve con pretensiones de ser candidatas a gobernadores. Si acaso el Presidente pensó que fueran figuras políticas relevantísimas de orden estatal —cuando se habló de superdelegados—, esta pretensión debió quedar sepultada después, con las acusaciones de uso clientelar de programas sociales que más de uno lleva a cuestas —cuando el Presidente mismo les advirtió que, de meterse a temas electorales, les pediría la renuncia y daría vista a la fiscalía. Poner orden implicaría que, tras su renuncia, ninguno de ellos fuera premiado con la candidatura, aunque fueran sacrificados varios que han trabajado correctamente en sus estados. Con uno solo de los coordinadores que resulte nombrado candidato, ese espacio se habrá vuelto una precandidatura, aun si no se consiguió que funcionaran para poner orden mediante las más nobles funciones sociales del Estado, como se pretendió originalmente.