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Una iniciativa contraintuitiva

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Los frentes en los que debe darse la batalla por la democracia son más que variados. Durante las últimas décadas hubo un proceso de privatización de procesos estatales que derivó en que cada vez más cosas importantes se decidieran en espacios privados. Entonces, aunque tuviéramos elecciones formalmente más libres y los votos se contaran bien, los representantes populares y gobernantes ni siquiera tocaban, podían o sabían hacerlo, algunos de los entramados más importantes para que los mandatos del pueblo se cumplieran. Y así sucedió en asuntos tan serios como la salud, la alimentación, la seguridad pública, y, en general, casi todos los que determinan el bienestar, que quedaron a merced de tecnócratas y empresarios.

En algunos casos, como el de la salud, es muy importante ir un paso atrás de las políticas públicas: hay que atender a la economía política. En esta rama, específicamente, a tres procesos en que el mercado se encuentra con el estado, que determinan realmente los costos del sistema de salud, las posibilidades de su corrupción, y la capacidad del estado de generar buenas condiciones de vida para los mexicanos. Se trata de los mecanismos de compras de medicamentos, materiales de curación y su distribución (un asunto del que se encarga la Secretaría de Salud); de la regulación sanitaria y farmacovigilancia (labor de la que se encarga la Cofepris); y de la propiedad intelectual (de la que se encarga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Hemos visto cambios muy importantes en las compras: ahorros de entre 40 y 60 por ciento con solo cortar el chantaje de algunas farmacéuticas y sobre todo de empresas de distribución de medicamentos. Hemos visto también la resurrección de la farmacoviligancia, y el caso más emblemático es sin duda el de PISA, la empresa farmacéutica a la que se le suspendió la operación de una planta por defectos en medicamentos para tratar el cáncer y que intentó conseguir su reapertura por medio de un chantaje: pidió que se le concediera un certificado de buenas prácticas a cambio de vender dosis que tenía disponibles en buen estado. Como no se cedió al chantaje, lo saben todos, PISA no vendió los medicamentos, induciendo desabasto y desatando después una campaña contra el gobierno de la República, pues terminó comprando los medicamentos fuera del país.

El tercer elemento, el de la propiedad intelectual, es tanto o más importante que los anteriores. Es el reconocimiento de dicha propiedad, del derecho al lucro sobre la misma, que configura los precios del mercado farmacéutico. Por eso llama la atención enormemente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la propuesta de Morena en el Senado no vayan en el sentido de favorecer la salud del pueblo y no la de las finanzas empresariales. Por los tiempos de vigencia de las patentes que propone (20 años) y por la manga ancha que da para la vigencia de los modelos de utilidad y para los segundos usos de sustancias farmacéuticas (es decir, la renovación de una patente por el descubrimiento de una nueva utilidad de la misma sustancia), la iniciativa parece más bien proveniente de los años 90, con las mismas triquiñuelas implícitas, donde lo único que podía aplazarse era el bienestar social.