De los rasgos del populismo, uno de los más menospreciados es el de la interacción directa con el pueblo, pero es el único que puede dar realidad a la comprensión del dolor injusto, inmerecido, desde el poder. No se trata de la escenificación de baños de pueblo, sino de la oportunidad de tener cercanía real, de escuchar lo que con tino llamó Jesús Suaste el país del dolor.

Sin diálogo con el dolor, la política se vacía del todo: es lugar común decirlo, pero de ese modo se convierte en jerga de política pública, en cifras sin alma, en técnica amoral, y no debería ser eso. Los liderazgos más potentes, los que honran el oficio, se caracterizan por su habilidad para comprender y absorber el dolor, para demostrar el agravio implicado en el dolor evitable e inmerecido, y para transformar esa demostración en demandas políticas y respuestas. La causa feminista y su enorme potencial transformador, por ejemplo, están en ese proceso y se miran muy distinto desde el mosaico mexicano de dolores.

De las reuniones que el Presidente de la República ha tenido en los últimos días con las comunidades de los hospitales IMSS-Bienestar, impresiona la cantidad de dolor que habla al poder, su profundidad, su injusticia. En un acto en Coahuila, por ejemplo, se acercó a hablar con el Presidente la mamá de Milagros, una niña de dos años a quien su padrastro (un tipo con afición por la pornografía infantil y particularmente de violaciones) violó y golpeó salvajemente. Estuvo hospitalizada hasta que tuvo una falla orgánica generalizada y murió. Es muy difícil mirar un caso de feminicidio más claro que ese: Milagros fue asesinada exclusivamente por ser mujer. 

La respuesta de la fiscalía del estado de Coahuila, sin embargo, fue muy otra: está procesando al culpable por “lesiones graves” y omite avanzar sobre el feminicidio y la violación (hace cinco meses de eso). Se trata de la frivolidad de subregistrar ciertos delitos para mejorar el récord del gobernador Miguel Ángel Riquelme, una práctica tristemente común, de una perversión mayúscula cuyo freno pasa menos por mecanismos institucionales que por la necesidad de cambiar a los que ahora mandan por gente decente. La única salida posible es que haya, desde el poder, quien asuma el agravio y sufra como propio el dolor de las madres víctimas indirectas de feminicidio para darle alguna respuesta.

El cambio en el Poder Ejecutivo federal puede ayudar a que eso suceda, pero es apenas una isla en el entramado del poder mexicano. Una isla grande, pero una isla en la que además no todos funcionan de igual manera (el munícipe del sitio, Horacio Piña, emanado de Morena, ha desestimado el caso y ha restado importancia a los feminicidios). El presidente López Obrador encargó personalmente al delegado estatal Reyes Flores Hurtado el caso de Milagros. Es algo, un cambio: un poder que escucha lo que el poder local no ha querido. Pero a veces la escucha no basta. ¿Cómo se asegurará que esa escucha pueda tener capacidad de respuesta institucional?, ¿cómo puede institucionalizarse eso de algún modo? Eso hay que plantearlo y resolverlo, si la regeneración moral de la política es un propósito serio.