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Cuestionar y cambiar el relato

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Pobres de algunas comunidades michoacanas. Primero, fue la Familia Michoacana, que reivindicaba valores familiares ante otros grupos armados, y se plantearon como una opción para limpiar moralmente a la sociedad en que vivían. Era una organización criminal, desde luego, pero hacía las veces de regulador moral, se pretendían justicieros y representaban la autoridad legítima para muchos de los pobladores. Recuerdo un reportaje para un programa de Denise Maerker en que se relataba que quienes tenían quejas sobre la comunidad iban a consultar al jefe de la plaza en cuestión a las peleas de gallos (no a ninguna autoridad municipal). Lo admitieron como autoridad, lo que desplazó el reconocimiento y la legitimidad fuera del estado (y un estado que no tiene una capacidad de fuerza similar o superior a los grupos que le disputan, pero tampoco tiene legitimidad, prácticamente no existe). A juzgar por las crónicas, todo mundo sabía que La Familia era un grupo criminal, pero también un grupo místico y justiciero, sobre todo contra criminales comunes. Pero, poco tiempo después, sobrevino la división del grupo y descomposición de la confianza que acercó a la población con los dueños de las armas.

Vinieron, después, los Caballeros Templarios, que intentaron tener de vuelta la legitimidad perdida de La Familia, a la par que recuperaban el dominio contra los grupos en que la organización se fraccionó. Las crónicas registran que recibieron financiamiento de empresarios de actividades legales para combatir el robo común, entre otros delitos, principalmente asociados a la violencia. La violencia, desde luego, incrementó, y la disolución de los diferentes órdenes comunitarios se hizo también palpable. Y una vez estando en posición de dominio los llamados templarios, se formaron grupos de autodefensa, que saltaron a la fama en 2013, recrudeciendo el conflicto y posibilitando la intervención del gobierno de Peña Nieto. Ese gobierno, tal como hizo la prensa y la opinión publicada, tendió a dividir el espacio en dos: el de los autodefensas y el de los narcos, sin reparar, como hizo la pluma de Arturo Cano, en las profundas diferencias que había entre los autodefensas mismos.

Pese a las diferencias, el gobierno de Peña uniformó a las autodefensas, les dio legitimidad de estado y constituyó los cuerpos de defensa rurales, de existencia temporal, y con supervisión de las armas por parte de la Secretaría de la Defensa. Los grupos de rurales se pelearon entre sí, muchos de sus dirigentes se fueron decididamente al bando de la economía ilegal (diversos cárteles de la droga) y el esfuerzo acabó, según dijo en su tiempo Hipólito Mora, en una situación peor. Este 8 de septiembre, un trabajo de Jacobo García, el corresponsal de El País, da cuenta de la continuidad de la narrativa: una vez todo podrido, ha de venir un grupo de ciudadanos que con sus armas y sus camionetas modificadas como pueden defiendan a la ciudadanía de los carteles de la droga. Pero probablemente sea lo mismo que ya vimos: el vaivén de legitimidades es engañoso. Mal haríamos en continuar las mismas interpretaciones públicas, los mismos diagnósticos y las mismas estrategias.