Como serán tiempos de balances por los 100 días de gobierno, habrá una tendencia a subir el tono —la ha habido con casi todo en esta administración—; la cancelación del aeropuerto iba a ser el fin de la confianza, la ley de remuneraciones y su debate público iba a cancelar la división de poderes, y así con cada cosa. Los analistas suelen interpretar demasiado rápido procesos muy complejos, y explicarlo no tiene mayor ciencia. Suele llamarse “sesgos cognitivos” y consiste en lo siguiente: si la realidad se adecua a lo que los propios prejuicios entienden que debe ser, sean percepciones fundadas o infundadas, tenderá a evaluarse positivamente el proceso de que se trate; si las acciones o procesos los confrontan, irremediablemente se les juzgará mal. Es normal. Y por eso el llamado “círculo rojo” reacciona con mayor vehemencia que la gente común: sus prejuicios están más elaborados y están seguros de ellos.

Parecería que, por el contrario, los ritmos de los ires y venires no son tan rápidos y cambiantes en la opinión pública, abajo, donde el Presidente ha tenido una aprobación sostenidamente creciente. De todos modos, estando claro que un gobierno no puede juzgarse a los 100 días, ni para bien ni para mal, eso demuestra más un apoyo al lance reformista del Presidente que otra cosa. Puede, eso sí, hablarse ya de la claridad de sus intenciones, de los rumbos trazados para alcanzarlas, de sus riesgos y sus alcances.

En una nuez, diría que el proyecto de López Obrador y el equipo que lo acompaña puede resumirse así: se trata de dotar al Estado de capacidades institucionales para empezar a resolver, primordialmente, tres grandes problemas. El primero de ellos es, desde luego, la pobreza lacerante (el motivo principal del movimiento por años); el segundo, la inseguridad y la crisis de homicidios; el tercero, una crisis menos visible pero igualmente grave, según el Presidente mismo, que es la de salud. Presumiendo una podredumbre institucional acreditada, López Obrador ha planteado resolver el asunto de las capacidades estatales mediante una estrategia de centralización del poder (la estructura de los delegados y la reducción de funcionarios públicos) y de los recursos (mediante el control de todo gasto por Hacienda y el recorte de intermediarios en todas las áreas, sean asociaciones civiles, empresas, operadores políticos). En ese sentido, el combate a la corrupción es un medio, más que un fin en sí mismo. Y se plantean tres soluciones de grandes trazos para cada problema mencionado: una política social de apoyos universales, la creación de una nueva institución armada (la Guardia Nacional), y el aprovechamiento de una institución que sobrevivió, aunque un poco maltrecha, al neoliberalismo: el IMSS.

Hay también varios riesgos claros. El primero es que, al arrancar los mecanismos de intermediación y distribución de recursos, dejen de satisfacerse necesidades —desde la vivienda hasta los refugios— pero sin que el Estado pueda asumir esas responsabilidades, o, peor, dejándolas de lado aunque transfiera efectivo. El segundo es que cuando se terminan las redes de gobierno e intermediación, si no se consolidan otras nuevas, hace falta un descontento solo moderado para pasar al contragolpe autoritario. Pasó en Argentina y Brasil, donde no se implantaron estructuras territoriales de intermediación del nuevo régimen, siendo este derrotado con el poder mediático de las oligarquías a la primera oportunidad. El tercero sería que, al reducir la burocracia y arrancar las redes de intermediación, el gobierno pierda capacidad para ejercer el gasto público con eficacia para las tareas sustantivas. Todo eso está por verse.

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